I.
Cronología
II.
Los otros heridos oculares
III.
Los cuidados, gastos y cambios que experimentan quienes pierden la visión
IV.
Carabineros
V.
Para Avanzar
Son las 07.20 de la mañana del 18 de octubre.
El presidente del Metro de Santiago Louis de Grange usa su cuenta de Twitter para llamar a cuidar el tren subterráneo y agradecer a los trabajadores del servicio "en estos momentos difíciles"; luego de las evasiones masivas para pagar el boleto realizadas en los días previos.
Es un viernes complejo. Las jornadas anteriores se registraron 200 eventos de disturbios que causaron el cierre de estaciones en 58 oportunidades. Hasta ese momento para políticos, medios de comunicación e instituciones esto parecía un tema de alza de tarifas y transporte. Posiblemente muchos nunca llegaron a pensar que el día terminaría con Estado de Emergencia decretado por el Presidente de la República.
El día sigue con protestas en otras estaciones. A las 19:20 la red de Metro anuncia el cierre de todas sus estaciones "por disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores". Miles de santiaguinos intentan subir a buses del Transantiago atiborrados o caminar largos kilómetros a sus hogares bajo el calor de la tarde y, unas horas después, en medio de la ciudad afectada por manifestaciones y barricadas nocturnas en varios puntos.
"En nombre del Gobierno, condenamos enérgicamente los hechos de violencia y vandalismo producidos en el día de hoy atacando" al tren capitalino, dice el entonces ministro del Interior Andrés Chadwick cuando comunica que se invocará la Ley de Seguridad del Estado.
Ya en la madrugada del 19 de octubre- y después de incendios en el metro y edificio de Enel, daños en 41 estaciones y 308 detenciones, Sebastián Piñera decreta el Estado de Emergencia para las provincias de Santiago, Chabuco y las comunas de Puente Alto y San Bernardo en la Región Metropolitana, designando al General de División, Javier Iturriaga del Campo, como jefe de la defensa.
Hasta ese momento se habían registrado 156 uniformados heridos producto de los disturbios, y no existían cifras oficiales de civiles lesionados. Pero la situación cambió con el paso de los días cuando se empezaron a denunciar presuntas violaciones a los derechos humanos como abusos sexuales, torturas físicas y sicológicas. Entre estas sobresalen las denuncias de heridos oculares, que le dio a Chile la cifra récord alrededor del mundo respecto a este tipo de traumas.
Al 30 de diciembre el Instituto Nacional de Derechos Humanos contabilizaba nada menos que 359 personas con lesiones en alguno de sus ojos. Otros, como Gustavo Gatica, en ambos globos oculares.
* Las denuncias y causas hacia Carabineros de Chile o quienes resulten responsables pueden desembocar en procesos judiciales con condenas a favor o en contra, según se decida en tribunales. No es materia de este reportaje responsabilizar a los funcionarios de manera individual, sino mostrar una situación que describen cientos de denuncias y testimonios.
Cronología
Foto: Intervención callejera en Puente Arzobispo, Providencia.
Los otros heridos oculares
Foto: Avenida Salvador con Providencia.
El 26 de noviembre Human Rights Watch daba a conocer el informe que analizaba la situación chilena respecto a denuncias de violaciones a los Derechos Humanos desde el 18 de octubre, día en que comenzó el estallido social. En ese documento se afirma que entre las heridas más graves que destacan en el país son las lesiones oculares.
Exactamente una semana antes y frente al creciente número de personas con heridas en sus ojos, el General Director de Carabineros, Mario Rozas, comunicó al país respecto al uso de perdigones: "Como una conducta de prudencia, se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal(...)Solo podrá ser utilizada, al igual que las armas de fuego, como una medida extrema y exclusivamente para legítima defensa, cuando haya un peligro inminente de muerte”.
Sin embargo, el mismo informe de HRW indica que los perdigones no han sido la única causa de los traumas oculares, aunque sí la más masiva: "En el Hospital Del Salvador, donde se ha atendido a la gran mayoría de los heridos (oculares), al 19 de noviembre el 77% de las lesiones oculares habían sido causadas por perdigones (...) La segunda causa más frecuente fueron impactos de cartuchos de gases lacrimógenos".
Las cifras muestran que los traumas oculares han seguido sumando afectados. Incluso los días posteriores a las palabras de la autoridad de Carabineros, hay 18 afectados más de los que se tiene registro entre el 21 y el 30 del mismo mes.
"Lo que está claro es que del 20 de noviembre en adelante cuando dieron (Carabineros) el anuncio de restringir el uso de balines, el porcentaje de paciente en general que han consultado es mucho menor, por lo tanto claramente hubo una disminución, casi desaparición pero no desaparición total de los lesionados por balines", comenta el vicepresidente nacional del Colegio Médico y oftalmólogo Patricio Meza.
El especialista asegura que la restricción en el uso de perdigones efectivamente tuvo un impacto a nivel sanitario. "Las primera semanas teníamos alrededor de 10 a 12 pacientes con lesiones oculares graves por día en la Unidad de Trauma Ocular. En los últimos días eso ha cambiado en forma considerable", agrega.
Sin embargo "porcentualmente ha disminuido en forma considerable el número de afectados por balines y ha aumentado el número de pacientes en forma proporcional por bombas lacrimógenas", así como por otras causas como golpes con el bastón policial.
Meza indica que "se deben revisar los protocolos y más que revisarlos respetarlos" respecto a otras herramientas de la policía como la utilización de las bombas lacrimógenas. "Los lesionados que hemos tenido, en esos casos probablemente no se respetaron los protocolos".
Desde la Coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares, su vocera Marta Valdés asegura que entre sus integrantes hay al menos un caso de afectado por el chorro de agua del carro policial conocido como "guanaco".
La agrupación comenzó a funcionar el 24 de noviembre y tiene más de 30 víctimas inscritas.
Los cuidados, gastos y cambios que experimentan quienes pierden la visión
Foto: Intervención callejera en Los Piñones, Providencia.
El oftalmólogo oculoplástico y miembro de la directiva de la Sociedad Chilena de Oftalmología (Sochiof), Gonzalo Varas, explica a #24Data que los primeros costos de los traumas oculares severos actualmente están cubiertos por el Ges, por lo que el gasto "dependerá de la previsión del paciente en los centros de atención, ya que se asigna de acuerdo a ellos".
Pero en medio de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Salud creó el Programa Integral de Reparación Ocular, el cual cubrirá los gastos de aquellas personas que han sufrido daños en la visión como consecuencia de la contingencia social.
La iniciativa cuenta con equipos multidisciplinario que incluye desde oftalmólogos hasta asistentes sociales. El lugar de atención para poder acceder al beneficio es el Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador y la forma de obtenerlo es solicitar el ingreso al médico tratante.
Desde la misma cartera afirman a #24Data que los pacientes de regiones contarán con alojamiento asegurado.
En el caso de quienes necesiten una prótesis los precios pueden variar, pero el doctor Varas comenta que en general una cirugía de evisceración -"que consiste en poner un implante dentro de la cavidad orbitaria"- tiene un costo de alrededor de $1.800.000 en los centros de salud privados. Posterior a eso se realiza la confección de una prótesis, la que puede costar en promedio $500 mil pesos.
A lo largo de su vida las personas que perdieron la visión de uno de sus ojos "(Deberían tener) un control una vez al año para evaluar el estado de la cavidad orbitaria, el estado de la prótesis, a veces cada uno o dos años requieren depurarse", describe Gonzalo Varas. La prótesis también deberá reemplazarse cada cierto tiempo: "en general una prótesis de buena calidad puede durar hasta cinco años".
Calidad de vida y periodos de depresión
Foto: Muralla en el Hospital del Salvador, cerca de la Unidad de Trauma Ocular.
"Muchos de los pacientes que pierden un globo ocular que era sano pasan por un período de duelo, algunos de ellos pasan por depresión y esto puede impactar en su calidad de vida del día a día, impactar a toda la familia, a los padres", explica el oftalmólogo Gonzalo Varas, quien agrega que son cosas que se tienen en cuenta y se trata de generar equipos de trabajo con psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales y asistentes sociales.
En cuanto a los cambios en las actividades de la vida cotidiana, el especialista dice que muchas veces los pacientes que pierden la visión de un ojo "pueden tener alteraciones del día como servirse una taza de café, un vaso de agua porque se pierde la capacidad de profundidad".
Pese a lo anterior, "lo positivo es que en general existen formas de rehabilitar esto y permitir que el paciente pueda realizar la mayor cantidad de actividades en la forma más normal posible", añade indicando que para eso es importante el trabajo con terapeutas ocupacionales.
"Muchos de los pacientes realiza la rehabilitación de la superficie y cavidad orbitaria y teniendo su prótesis se sienten con la confianza necesaria para seguir haciendo su vida en el día a día", señala.
En el ámbito laboral "hay algunas profesiones o trabajos donde es muy importante tener una buena calidad de visión de profundidad que, claro, probablemente no son trabajo o labores que estos pacientes puedan desarrollar", menciona el especialista de Sochiof, Gonzalo Varas, ejemplificando el caso de pilotos de avión, operarios de máquinas pesadas o choferes profesionales.
Carabineros y Protocolos
*#24Data solicitó una entrevista a Carabineros de Chile con el fin de obtener su perspectiva ante estos casos. La institución declinó referirse al tema a través de una vocería, indicando al medio la posibilidad de consultar los documentos y protocolos disponibles en su web.
El protocolo de Carabineros de Chile es el documento que dicta la aplicación práctica de los procedimientos y elementos propios de las operaciones de la institución. Dichas instrucciones -basados en cuatro principios básicos que rigen su uso de la fuerza y el empleo de armas de fuego- se actualizaron en marzo de 2019
En sus páginas se describen los niveles del uso de la fuerza -que van del 1 al 5- y su utilización de acuerdo a la resistencia o agresividad de los ciudadanos a los que se está dando órdenes o deteniendo.
La utilización de la escopeta antidisturbios y el carro lanza aguas, en particular, tienen restricciones especiales tanto para quienes la utilizan como para el momento en que se haga uso de ellas. Ambos dispositivos están limitados a la respuesta de una agresión activa, es decir, personas que "intentan lesionar al carabinero para resistir el control o evadirlo".
En el protocolo se indica que el usuario "verificará que el tipo de cartuchos a utilizar sean los que correspondan para el uso antidisturbios, tanto en la parte legal como reglamentaria, debiendo tener tipos de munición no letal, tales como perdigones de goma, super-sock".
Además, el documento describe que el carabinero "deberá considerar en todo momento aspectos como la distancia entre el tirador y la muchedumbre, las características del lugar o si en la muchedumbre se encuentran participando niños, niñas o adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con capacidades diferentes o con notorios problemas de salud".
Respecto a la capacitación de los funcionarios que utilizan la escopeta, el 30 de noviembre el coronel de Carabineros Julio Santelices explicó a la prensa que "cada carabinero que va a hacer uso de la escopeta antidisturbios debe estar capacitado y certificado anualmente no importando todos los conocimientos que tenga".
Uno de los últimos cambios a las instrucciones de Carabineros fue el 10 de noviembre cuando se contaban más de 200 heridos oculares y el general Mario Rozas anunció a los medios de comunicación que a partir de esa jornada la escopeta antidisturbios tendría un "uso acotado". También proyectó el reentrenamiento y la utilización de una cámara GoPro para todos los que usen dicha arma.
La decisión se adoptó tras la publicación de un informe elaborado por la Universidad de Chile que planteó que la composición de los balines utilizados por Carabineros tenían minerales y metales de alta dureza aumentando el daño para quien lo recibe.
Antecedentes de conducta
Desde el 18 de octubre se han documentado gran cantidad de casos, tanto que el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco, aseguró al entregar el informe anual del organismo que la situación se trata de las violaciones a los Derechos Humanos más graves cometidas en nuestro país desde 1989.
El documento también afirma que existe falta de control sobre los medios disuasivos que utiliza Carabineros, “problema que se explica, entre otras causas, por una indebida autonomía exhibida desde el inicio de la democracia, por parte de dicha institución, respecto de la autoridad civil”.
Si bien durante la crisis social se han registrado más casos de presuntas torturas y abusos; esto no implica que en años anteriores no existían denuncias por vulneración. Tal como lo investigó #24Data en agosto pasado, más de un mes antes del estallido, en 2018 hubo 94 acciones judiciales contra Carabineros por tortura, apremios ilegítimos y otros delitos similares; la cifra más alta desde 2011.
Tortura en la comisaría
Miedo, angustia, ansiedad, desconfianza... son las sensaciones que se repiten en la mayoría de las personas que han sufrido tortura. También hay un sentimiento de desorientación, algunos incluso se preguntan cómo pasó todo lo que vivieron, otros con rabia se carcomen la cabeza pensando que pudieron hacer algo para evitar la tragedia.
El camino judicial
Foto: Intervención artística Puente del Arzobispo.
Las personas que aseguran tener lesiones provocadas por agentes del Estado pueden buscar guía en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), institución que -al igual que Carabineros, la Fiscalía y la PDI- puede recibir denuncias.
Además, hay distintos grupos de personas y organizaciones que están prestando asesoría desde distintos ámbitos a las víctimas. Es el caso de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que presta ayuda legal; o de la organización Los Ojos de Chile, que presta ayuda económica a las personas que han sufrido trauma ocular.
El jefe de la unidad Jurídico Judicial del INDH, Rodrigo Bustos, describe el proceso de denuncia y acompañamiento de la siguiente manera: "se toma el relato a las personas, se busca recabar todos los antecedentes de la situación (como por ejemplo, certificados médicos) y de acuerdo a eso se evalúa la posibilidad de presentar una acción judicial o realizar otro tipo de acciones por parte del instituto: acciones administrativas, oficios ante distintas instituciones, etcétera".
En los últimos meses el número de casos vinculados a violencia de este tipo ha crecido notoriamente. "El Ministerio Público tiene muchas más causas que ha iniciado por violencia institucional u otros delitos cometidos por agentes del Estado", comenta Bustos, planteando que hacia mediados de diciembre se contaban cerca de 3.500 acciones de ese tipo.
El crecimiento del número de denuncias podría afectar su procesamiento y el tiempo que tome investigar y evaluar cada acusación.
En el INDH juzgan necesario reforzar las instituciones que manejan este tipo de casos. "Tiene que reforzarse la Fiscalía, creemos que sería muy útil que hubieran fiscalías especializadas en Derechos Humanos. Tiene que fortalecerse la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y también el Servicio Médico Legal", propone el abogado.
Además del control externo a través del Poder Judicial, Carabineros puede realizar un control interno a través de sumarios administrativos. De acuerdo a lo planteado el 21 de noviembre por el general director de Carabineros, Mario Rozas, ya hay más de mil sumarios y en ellos se han incluido las lesiones provocadas por escopetas antidisturbios.
Pero desde el INDH tiene una visión crítica: "en años anteriores hemos enviado oficios consultando a Carabineros respecto de los sumarios administrativos y ya hemos planteado en varias comunicaciones respecto a la forma en que terminan. Son muy pocos los sumarios que terminan con algún tipo de medida sancionatoria contra la persona o contra las personas que tienen antecedentes serios", comenta Bustos.
Para Avanzar
Las manifestaciones siguen siendo frecuentes en el país y la labor de contención de Carabineros continúa. ¿Cómo avanzar, evitar que se sigan produciendo heridos y permitir que crezca el diálogo?
Desde la perspectiva de la violación a Derechos Humanos, Rodrigo Bustos plantea desde el INDH que estas faltas "se tienen que sancionar, se tiene que avanzar en reparaciones a las víctimas y esas reparaciones no se requieren simplemente que termine el caso en los tribunales. El Gobierno debería avanzar en una política fuerte de no repetición (...) mientras esto avanza en los tribunales sí se pueden adoptar medidas para que no siga ocurriendo"
Pensando en términos sociales la proyección es hacia la búsqueda de acuerdos y de expresión de los distintos grupos que componen la sociedad. El encargado de políticas públicas de la Fundación para la Superación de La Pobreza, Leonardo Moreno, piensa que en el diálogo está el camino.
"Yo sinceramente creo que la única solución a la violencia es el diálogo entre muchos actores que hoy en día no están sentados a la mesa", planteó.
Para Moreno -luego de un acuerdo para la Constitución- se debe trabajar en un diálogo de agenda corta por temas sociales como las pensiones, la salud, educación, el ingreso mínimo, cuestiones urgentes de descomprimir". Además en el eventual proceso de redacción de una nueva Constitución se tendrán que resolver temas como cuáles son los principios y valores para regir la convivencia, los derechos fundamentales y las instituciones sobre las que se funda la democracia.
Fotos: 24horas.cl / Agencia Uno.
*La cronología seguirá siendo actualizada según los hechos, después de la fecha de publicación del reportaje, 31 de diciembre 2019.