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Megafraude III: operadores RED y Metro recibieron más de 3 mil permisos de reposo del "licenciagate"

Según especialistas del rubro, la problemática habría incidido directamente en la calidad del servicio a los pasajeros de la capital. Con todo, no se trata del único rubro con un rol protagónico, pues el asunto también golpeó con fuerza al mundo de la salud y educación en todo Chile. Dicha arista será parte de la próxima entrega sobre el "Licenciagate", que podrás revisar desde este miércoles en la web de Informe Especial.

Fiscalía abre investigación contra jueza por contrato simulado para evitar embargo de dinero

La indagatoria comenzó a raíz de una querella interpuesta por una abogada que demandó a la madre de la funcionaria judicial, quien fue sentenciada a pagarle $36 millones como indemnización tras la fallida compra de una propiedad. La aludida niega todo; insiste en que hay animadversión en su contra y que probará que la acción legal es de carácter instrumental.

Caso Office: CDE se querella por estafa y confirma que distribuidor se embolsó más de $1.000 millones

En el libelo acusan que el dueño de Salaam, Nicolás del Pino Méndez, urdió un plan para estafar al fisco, el cual afectó a una veintena de instituciones. La fórmula fue postular a licitaciones a un menor costo y luego subarrendar las licencias de Microsoft a una tercera empresa, pese a estar prohibido en los concursos públicos. Revelaron además una carta falsificada a la firma tecnológica y una empresa creada en Miami.

ONG que defiende a presos condenados pide a la Corte cerrar la exPenitenciaría

El libelo fue rechazado en primera instancia por el tribunal de alzada capitalino, pero la Suprema le ordenó a esta última tramitarlo y resolver el fondo del asunto. La presentación está dirigida en contra del Presidente, el ministro de Justicia y Gendarmería y apunta a la denegación de servicio por parte del Estado y la carencia de condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad en el recinto penal, que ya tiene 182 años de existencia y una alta sobrepoblación.

Caso Makhijani: la cazafortuna del prestamista de Meiggs asesinado y el “heredero” que zafó de la justicia

El homicidio del empresario indio de Meiggs, Mahesh Kumar Makhijani, abrió dos aristas judiciales: una por su asesinato y otra porque, a través de un documento cuya autenticidad no es verificable, los derechos de su herencia se han ido repartiendo en más personas que solamente sus hijos.  La primera causa terminó en una decisión de no perseverar y la segunda podría correr un destino similar, ya que el viernes pasado se sobreseyó a uno de los imputados y beneficiarios de la herencia.

Uruguay busca en Chile a venezolano que blanqueó dinero obtenido con estafas digitales

La información consta en una solicitud que ingresó esta semana a la Corte Suprema, donde se detallan las actividades de blanqueo. En la república oriental un cómplice ya fue condenado por un tribunal especial de crimen organizado.

Caso Office: Fiscalía abre causa por estafa y suspensión de software golpearía a 22 instituciones públicas

La decisión del Ministerio Público obedeció a la denuncia interpuesta por el Tribunal Constitucional (TC), por la suspensión de la licencia de software comprado a la empresa Salaam. Además del caso de Migraciones, conocido el viernes, se suman a los afectados la Agencia de Ciberseguridad, Cochilco, Metro de Santiago, entre otros. La investigación deberá aclarar el monto que afectó al fisco, pero se estiman cientos de millones. El dueño de de la firma, Nicolás del Pino, inició el proceso de insolvencia en Chile y, coincidentemente, meses antes creó una sociedad en Miami.

Servicio de Migraciones en alerta por amenaza de suspensión de licencias de Office

La entidad adjudicó una licitación y compró 300 licencias -por poco más de 38 millones- a una empresa que a su vez las arrendó a un tercero. Como el proveedor dejó de pagarle a este último, la verdadera dueña del servicio le informó al Sermig que el software Microsoft Office dejaría de funcionar. La autoridad interpuso un recurso de protección, donde asegura que la situación es grave e impediría otorgar permisos de residencia, dictar expulsiones y otros órganos del Estado se verían seriamente afectados. El tribunal de alzada dictó una orden de no innovar y la entidad tuvo un respiro, al menos por ahora.