Código IE: Análisis diario de la contingencia

"Impunidad: una crónica sobre el SII y los dineros de la política"

Un testimonio que cuenta, desde dentro, cómo se frenó la investigación de los delitos tributarios en los casos Penta y SQM.

Caso pasaportes falsos: imputados siguen prófugos y fiscalía pide sobreseimiento temporal

Existe sobre ellos una orden de detención pendiente y el Ministerio Público solicitó congelar la causa mientras no sean habidos. Todos ellos, de origen asiático, fueron detenidos hace más de un año por la PDI en el aeropuerto, pero los tribunales descartaron dejarlos en prisión preventiva. Al poco tiempo fue imposible seguirles el rastro.

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De acuerdo con la resolución tenida a la vista por Informe Especial, el tribunal de alzada capitalino ordenó a seis instituciones del Estado evacuar un informe para que sea analizado por la judicatura.

Caso niños haitianos: presentan recurso de amparo para hallar a los que aún no son ubicados

La acción legal se produce en el marco de la revelación de un preinforme de la Contraloría que detectó anomalías en los organismos que debían fiscalizar la llegada de menores de edad a Chile.

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La acción legal fue ingresada ante la justicia en contra de quienes resulten responsables. Lo anterior, luego que un sumario interno determinara que los presuntos empleados no existían en los registros de la institución.

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Dicho nivel de protección supera al aplicado, por ejemplo, en el Poder Judicial. De acuerdo con fuentes internas, en el caso de la contralora hubo un análisis policial y del Ministerio Público sobre potenciales riesgos.

De testigo a figura clave: "Barby" y el relato post masacre que destapó la Operación Tokio

Antes de ser identificada como “jefa de plaza” del aparato financiero del Tren de Aragua, Bárbara “Barby” Hernández era vista como una simple testigo. En "La Cabaña", una parcela de Lampa, se escondió en un baño cuando sintió la balacera que dejó cinco muertos. Se fue a su casa y volvió para ayudar a un herido que luego acabó imputado en el caso. Fue en ese retorno cuando tuvo que declarar ante la policía. Entregó sus dos celulares y firmó un acta para autorizar su revisión, acción que abrió paso a la bullada Operación Tokio, una de las investigaciones más relevantes contra la organización criminal venezolana.

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Los magistrados consideran que el criterio del ente fiscalizador es “desproporcionado”, porque implica “sacrificar un derecho de rango constitucional (...) carente de corroboración probatoria específica”.