Por 123 delitos en total serán formalizados los diez funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), entre ellos tres subcomisarios, que fueron detenidos el miércoles tras una larga investigación desarrollada por el fiscal jefe de Pudahuel, Emiliano Arias.
La indagatoria evidenció una serie de conductas y prácticas ilícitas relacionadas a corrupción policial y abuso de poder contra de personas vinculadas al tráfico de drogas, quienes eran blanco de diversas acciones de estos ex detectives.
Sus acciones estaban destinadas principalmente a quitarles droga, dinero y especies, para luego generar los procedimientos que concluían con las víctimas detenidas, gracias a que falseaban los antecedentes que ponían a disposición de la Fiscalía y de los tribunales.
La investigación liderada por Arias da cuenta del modus operandi que habían establecido estos detectives para presentar falsamente los hechos ocurridos a la justicia. Siempre hacían referencia a supuestas "llamadas anónimas" y uso de agentes encubiertos inexistentes.
Esto permitió que realizaran numerosos procedimientos antidrogas viciados, lo que abre la posibilidad cierta de que los mismos sean anulados.
NUEVE CASOS MÁS
Aparte del caso que afectó a Paula Gamboa -que terminó con uno de los detectives apuñalado el pasado el pasado 21 de marzo- se suman otros nueve hechos de similares características, siempre con el truco de la "llamada anónima".
Uno de Estos se produjo el 12 de julio de 2012. Algunos de los funcionarios imputados informaron que en horas de la mañana recibieron un antecedente anónimo respecto a que una mujer se encontraba vendiendo nuevamente droga en su domicilio.
Agregaron que realizaron auscultaciones discretas del lugar y solicitaron a Fiscalía de Flagrancia la autorización para la designación de agente revelador, la que sería realizada por el detective Juvenal Pérez Blanco.
Según el informe de los policías, el detective encubierto se dirigió a pie hasta el domicilio señalado donde habría comprado un papelillo de droga. Luego pidieron la orden de ingreso y registro, la que no fue otorgada hasta que se realizara un control de identidad de un consumidor asociado a dicho domicilio.
Luego, tras la vigilancia supuesta del lugar, reportaron la compra de parte de un conductor de un taxi, a quien se le controló y se le habría encontrado droga. Ello sirvió para obtener la orden del tribunal.
Según señala el informe, no hubo uso de fuerza, porque el único acceso se encontraba abierto. Además, por indicación voluntaria de la imputada uno de los inspectores encontró en el cielo del primer piso la droga escondida.
Sin embargo, toda esa información es falsa, ya que se pudo establecer que no existió la referida compra por agente revelador alguno ni los funcionarios policiales efectuaron vigilancia a la compra efectuada por el taxista.
La imputada por microtráfico tampoco dio los datos de ubicación de la droga, sino que todos los antecedentes fueron entregados por un sujeto que cumplió las funciones de informante encubierto al servicio de los policías, ello sin conocimiento o autorización del fiscal y sin cumplirse ninguno de los requisitos que el art. 25 de la ley 20.000 establece para la utilización de esta técnica investigativa.
Las escuchas telefónicas con que cuenta la Fiscalía Occidente evidencia el uso de personas adictas a las drogas como informantes era práctica habitual de estos ex funcionarios policiales para ubicar o marcar casas donde se vendía droga y luego allanarlas ilegalmente para quedarse con los estupefacientes y el dinero.
Fuente: 24Horas.cl con información de Agencia Uno