Por dos carriles llevará el Gobierno su ofensiva para suspender los pagos a los cerca de 8 mil personas que consideran como falsos exonerados, los que se dividen en los 3 mil casos irregulares detectados por la Contraloría y los 4.500 descubiertos por el Ministerio del Interior.
Según explicaron este jueves la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, todos los antecedentes serán entregados a la Contraloría y al Ministerio Público, pero además se comenzarán a revisar, a través del Instituto de Previsión Social (IPS) todos los casos aprobados hasta hace dos años atrás.
"Están dentro del plazo respecto del cual el IPS tiene competencia para actuar administrativamente, esto es los últimos 2 años. Estos casos podrían llegar a 700", explicó Matthei.
Ubilla, por su parte, destacó que se enviará a la Fiscalía y a la Contraloría información detallada, caso a caso, con nombre, RUT y carpeta.
"Queremos un pronunciamiento categórico (...) queremos que la Contraloría nos ilustre en la forma en que tenemos que proceder (…) para hace justicia con los verdaderos exonerados", indicó.
Asimismo, anunció que los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, ampliarán la denuncia presentada hace un año ante el Ministerio Público contra quienes defraudaron al fisco.