Con dos comisiones -una técnica y una jurídica- el Gobierno analiza los distintos escenarios posibles para suprimir el pago de pensiones a los 3 mil falsos exonerados detectados por la Contraloría y además establecer las responsabilidades penales tanto de quienes falsificaron los documentos como de quienes los avalaron.
Al equipo jurídico anunciado el fin de semana se suma una comisión liderada por la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, que analizará caso a caso para ver de qué forma se pueden detener la entrega de dinero a quienes no cumplen con los requisitos.
Al término del tradicional comité político en La Moneda, siguiendo la línea de lo expresado minutos antes por los dirigentes de la UDI y RN, la vocera del Gobierno, Cecilia Pérez, detalló el trabajo que realiza el Ejecutivo e indicó además que de fallar todas las instancia, se podría llegar a una solución vía proyecto de ley.
"Parlamentarios que son autónomos del Gobierno, ellos están anunciando una eventual comisión investigadora y también están estudiando un proyecto de ley, en el caso de que fallen todas las persecusiones penales en esta materia, para que vía proyecto de ley se anulen las pensiones mal otorgadas o fraudulentamente entregadas", declaró Pérez.
La titular de la Segegob además llamó a "no mezclar" a los falsos exonerados con quienes realmente sufrieron despidos por motivos políticos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"En Chile hubo una dictadura y en esa dictadura hubo personas que perdieron sus empleos. Esas personas son verdaderos exonerados y de esas personas, nuestro Gobierno tiene el máximo respeto y el máximo compromiso para seguir trabajando", enfatizó.
Respecto a los dineros a falsos exonerados entregados durante esta administración, Pérez apuntó a un decreto de "amarre" de 2009.
"Esto da cuenta por un decreto que en su minuto sacó el IPS, del año 2009 de amarre político para que se siguieran pagando estas pensiones. Nosotros dimos cuenta de esta anomalía a la Contraloría, recién tuvimos el dictamen la semana pasada y ahora tenemos la tranquilidad de que contamos con herramientas jurídicas para poder poner término a estas pensiones que fueron un decreto de amarre político", finalizó.