Gajardo cuestiona traslado de reos comunes desde Punta Peuco: "Retrocedemos en la protección de DD.HH."

El exministro de Justicia, Jaime Gajardo, cuestionó la decisión del Gobierno y de Gendarmería de trasladar a tres reos comunes que permanecían en Punta Peuco, medida que devolvió al recinto su carácter exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

En conversación con Estado Nacional, conducido por Carolina Urrejola y Matías del Río, la exautoridad aseguró que la determinación representa un retroceso en materia de derechos humanos y en la igualdad ante la ley.

"Nos hace retroceder en la protección de los Derechos Humanos y en que no existan grupos privilegiados", sostuvo.

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Sus declaraciones se producen luego de que el subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendiera el traslado de los internos, afirmando que la medida respondió a criterios técnicos de Gendarmería y que permitió que Punta Peuco volviera a ser lo que "siempre fue".

Sin embargo, Gajardo cuestionó el trasfondo de la decisión y acusó falta de transparencia respecto de la postura del Ejecutivo sobre el penal.

"Me parece poco transparente con la opinión pública que no digan que consideran que los criminales de lesa humanidad deben tener un penal especial y que tienen esa convicción como Gobierno (...) que los criminales de Punta Peuco tienen que tener un trato privilegiado", afirmó.

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"EL PRESIDENTE PIÑERA DIO PASOS IMPORTANTES"

El exministro también abordó el debate sobre el trato que reciben los condenados por violaciones a los derechos humanos, señalando que las actuales autoridades no han expresado una condena categórica respecto de los delitos cometidos durante el régimen militar.

"Hasta el Gobierno del presidente Piñera teníamos un consenso en estas materias (...) habló de los cómplices pasivo y dio pasos muy importantes en reconocer que los crímenes que se habían cometido durante la dictadura militar no los podíamos justificar bajo ninguna circunstancia y es un consenso en el cual estamos retrocediendo", esgrimió Gajardo.

Luego continuó: "No hemos escuchado a ningún funcionario público del Gobierno de alto rango condenar, con todas sus letras, los crímenes que ocurrieron durante la dictadura militar, y tenemos un conjunto de acciones que dan cuenta en la práctica de que se quieren mantener privilegios".

Finalmente, abordó las expectativas sobre la agenda penitenciaria que podría anunciar el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública, la cual se llevará a cabo este lunes 1 de junio.

En concreto, señaló que le gustaría que se le de continuidad a los proyectos de la gestión de Gabriel Boric, sobre la ampliación de capacidad carcelaria y aseguró que Chile debería alcanzar las 70 mil plazas hacia 2030.