Ministra de Justicia dice que "aliviar sobrecarga" en cárceles provocó modificaciones en ley de expulsión

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, anunció este lunes la presentación de una modificación legal que busca reponer la expulsión de extranjeros condenados por ley de drogas (ley 20.000).

Bajo este contexto, la secretaria de Estado participó en el programa Vía Pública, donde analizó la propuesta y entregó detalles de la medida.

Cabe destacar que de aprobarse y aplicarse esta modificación la proporción de personas extranjeras privadas de libertad que se verían afectadas serían alrededor de 5 mil, "tanto personas imputadas y condenadas", aclaró Ríos.

A lo anterior agregó que en 10 años -período 2012 al 2022- la cantidad de personas extranjeras ha aumenado del 3,7% del total de la población penal a 10,9%, puntualizando que en su mayoría están imputados por delitos ligados al tráfico de drogas.

Respecto a los motivos que gatillaron este cambio en la ley de expulsión, Ríos expresó que parte importante de la decisión pasa por la preocupación central en la seguridad y el apoyo a la reinserción de las y los presos. Sin embargo, "aliviar la sobrecarga" en las cárceles es otra de las aristas relevantes para el plan del Gobierno.

"Queremos aliviar la sobrecarga de personas privadas de libertad, posibilitando las expulsiones de personas menos peligrosas. Por eso planteamos que se aplique a condenados de hasta 5 años y un día", indicó.

Por otra parte, la ministra explicó que se están tomando medidas para que las personas expulsadas no se vean incentivadas a volver. En primer lugar, señaló que tendrán una prohibición de 10 años de entrar al país y, en segundo lugar, si vuelven a entrar, ya sea cometiendo un delito o no, deberán cumplir su pena efectiva en la cárcel.

"Según las aplicaciones de expulsiones de los últimos 10 años han sido 10.500 en promedio y un 90% son por ley de drogas. Si se aplica esta medida podrían seguirse expulsando entre 800 y 900 personas al año", esgrimió.

Sin embargo, advirtió que "si nuestra propuesta no es acogida, significa que esas personas que estaban siendo expulsadas vamos a tener que mantenerlas en prisión con el costo que tiene eso para el Estado".

Finalmente, la titular de Justicia detalló de qué nacionalidades son las personas que están imputadas y condenadas por la ley 20.000: "La inmensa mayoría son bolivianas, en segundo lugar son colombianas y en tercer y cuarto, son venezolanas y peruanas".

"No es solo una medida que nos permite disminuir y enfrentar la presión en el sistema penitenciario, también poder disminuir los costos y liberar a personas que son menos peligrosas", concluyó.