En la ciudad de Calama se están desarrollando dos sumarios sanitarios por la administración de cerca de 100 vacunas para perros en humanos, bajo la promesa de que éstas ayudarían a prevenir y proteger a las personas de una infección por coronavirus.
Bajo el informe "Inmunización cruzada con vacuna coronavirus canina como tratamiento preventivo en seres humanos", uno de los profesionales -de iniciales C.P.C. y dueño de un centro veterinario de dicha ciudad- afirmaba que en Argentina existe evidencia contra el COVID-19 tras aplicar dosis destinadas a canes en seres humanos.
Frente a la serie de denuncias, la Seremi de Salud abrió un expediente de la situación e informó que el mismo C.P.C. se suministró la vacuna y se la proporcionó a personas interesadas, aunque no se las aplicó directamente.
Además, entregó dicho informe argentino para propiciar que las personas se inocularan para lograr la protección.
Por ello, la autoridad sanitaria solo pudo sancionarlo con una multa de 180 UTM por ejercicio ilegal de la profesión de médico cirujano. El acusado apeló, por lo que el pago se encuentra en tramitación.
El segundo caso es protagonizado por la veterianaria de iniciales M.F.M., que admitió autoaplicarse la vacuna "óctuple" canina durante una fiscalización al recinto del que es dueña.
Según el informe del sumario, un testimonio confesó aplicarse la dosis tras el consejo de la veterinaria. "En ese entonces yo estaba muy asustada y decidí que ella me colocara la vacuna por voluntad propia. Ella vacunó a mi esposo y a mis dos hijos de 10 y 7 años durante el mes de mayo. Nos colocaron dosis cada 15 días", señaló.
Además, precisó el sumario, la mujer "ha estado permantentemente inoculando a familias enteras de la comuna de Calama, tanto a trabajadores del área de la minería, como también a personal del área de Salud del Hospital Carlos Cisternas".
El mismo documento agregó que "instó a los mismos fiscalizadores a inocularse con el antígeno Corona Virus canina, además de obligar a cada trabajador y auxiliar de esa clínica veterinaria a inyectarse dicho antígeno bajo la amenaza de despido si éstos no accedían".
M.F.M. fue penalizada con 200 UTM por haber aplicado vacunas de uso veterinario en seres humanos sin autorización. La profesional no apeló pero tampoco ha pagado el monto, por lo que su caso pasó al Consejo de Defensa del Estado. Además, los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía para revisar acciones penales.