Al menos 18 personas, todas en situación de discapacidad, fueron víctimas de una descarada estafa en Concepción. Juntaron sus ahorros, se aceraron a una automotora para adquirir vehículos importados desde Surcorea, a precios convenientes y con beneficios estatales, pero nunca los recibieron.
Se trata de la empresa HDR que ofrecía importar vehículos desde Corea y en la cual varias personas confiaron. Sergio es una persona que padece Parkinson y que lleva 7 meses esperando una camioneta SsangYong, la cual pagó en dos partes: "Me interesa recuperar el patrimonio, la empresa nunca me ha mostrado que el auto está acá o que lo compró", comentó.
Otro afectado es José, cuya madre está en situación de discapacidad; sin embargo, para mejorar la calidad de vida quisieron adquirir un auto con los ahorros de toda una vida, el cual tiene un avalúo de más de $14 millones y por el que lleva esperando un año: "No hay auto, no hay nada. Pregunto por mi plata y dónde está. Estos es una estafa", alegró.
Iván, otra persona afectada, asegura que "esto le hace daño a la gente" y cuestiona: "Por qué hace esto con nosotros".
Uno de los ganchos publicitarios de la automotora es que liberaba autos bajo la Ley 20.422 en Chile, -normativa de inclusión- que le otorga importar autos con beneficios y a menos costo a quien vive con discapacidad.
Carlos Moreira, abogado querellante, sostuvo: “Estamos hablando de un promedio de 10 millones por cada víctima, siendo cautelosos son unos 150 millones de pesos, son todas personas discapacitadas que ahorraron toda su vida”.
Actualmente, ya se acogió a trámite la primera querella contra el representante legal de HDR, Reinaldo Lara, por el delito de estafa. Por otra parte, el equipo de 24 Horas intentó contactarse vía teléfono con él, pero no se obtuvo respuesta. No obstante, respondió por WhatsApp y aseguró que "no podía hablar por salud física y psiquiátrica".
Por su parte, el abogado de Reinaldo Lara, Alejandro Elgueta, confirmó que "hubo un desorden administrativo que generó y tendremos que explicarnos ante los tribunales, pero jamás hubo la intención de defraudar a nadie. La información que tengo es que tenemos que resolver esto, tener los dineros y entregar los vehículos que estén en Chile".
Cada víctima habría invertido al menos 10 millones de pesos, por lo que, en total de los afectados, habría una estafa por sobre los 150 millones de pesos, todas personas discapacitadas que ahorraron toda su vida, según consignó el abogado querellante, Carlos Moreira.
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