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Ministra Fernández tras reunión en el Biobío: "Queremos garantizar la seguridad de las personas"

En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve indicó que "no hemos discutido un aumento de la dotación porque no es el punto crítico" y que las medidas se centrarán en la redistribución de los uniformados presentes.

24horas.cl

Maya Fernández y Manuel Monsalve

Viernes 2 de septiembre de 2022

La ministra de Defensa, Maya Fernández, valoró la reunión del comité de seguridad con el jefe de Defensa Nacional y con las principales autoridades regionales de Carabineros y la Policía de Investigaciones para fortalecer los niveles de coordinación y despliegue en la región del Biobío.

Al respecto, la autoridad de Gobierno aseguró que "lo que queremos es garantizar es la seguridad de las personas", que "los hechos van variando" y que "nosotros vamos a transmitir al Presidente de la República todo lo que hemos conversado y se irán viendo esos (posibles) cambios".

"Aquí hay todas las voluntades de todas las instituciones para garantizar la seguridad de todas las personas", aseveró

Respecto a quitar el carácter acotado del Estado de Excepción para la macrozona sur, tal como lo expresó la alcaldesa de Curanilahue, Alejandra Burgos, la ministra dijo que "este territorio es muy grande, y por tanto, justamente la estrategia es tener la mayor presencia, cubrir la mayor cantidad de territorio y de rutas. En eso se está trabajando".

Fernández además confirmó la continuidad del contralmirante de la Armada y jefe de la Defensa Nacional para el Biobío, Juan Pablo Zúñiga, pese a versiones de prensa que hablaban de la insastifacción del Gobierno con el oficial por la poca presencia de uniformados en la región, en la cual se registró un grave atentado incendiario en contra del histórico Molino Grollmus y que dejó a tres personas heridas.

Monsalve descarta aumento de dotación

En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, recordó sus declaraciones en Contulmo, instancia donde indicó que "el Estado de Excepción no estaba respondiendo a las necesidades de las personas", asegurando que deben responder a las demandas de las personas que requieren más presencia del Estado y  oportuna.

"Quiero garantizarle a la provincia de Arauco que, en conjunto con la ministra hoy día y con todas las instituciones, hemos tomado decisiones que van a permitir responder de manera más rápida y más oportuna frente a hechos de violencia rural", subrayó Monsalve.

También indicó que "no hemos discutido un aumento de la dotación porque no es el punto crítico" de lo que afecta a la zona, sino que más bien se requiere una redistribución de las fuerzas presentes en el territorio.

En cuanto a los rumores de la salida de Zúñiga, el subsecretario dijo que "este no es un problema del Jefe de la Defensa Nacional, es uno que el Estado tiene para garantizar la seguridad de las personas de la provincia de Arauco, y esa es responsabilidad del Gobierno y de todas las instituciones que participamos. Creemos que es posible mejorar de manera importante la forma en la que se está desplegando porque el tipo de hechos que están ocurriendo en la provincia de Arauco, y la ampliación de los lugares donde están ocurriendo, requiere sin duda modificar estrategias y actualizarlas para responder a la realidad que se está viviendo".

Ley de Seguridad Interior del Estado

Otro de los aspectos a los que se refirió Monsalve fueron las críticas por no interponer una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado en los distintos hechos de violencia registrados en la macrozona sur.

Al respecto, el subsecretario aseguró que esto no se trata de una "decisión política" ya que "la ley antiterrorista que está vigente en Chile no es una buena ley".

Según explicó, el cuerpo normativo "tiene un fuerte componente subjetivo, o sea hay que demostrar la intencionalidad no los hechos, y eso hace difícil tipificar y definitivamente sancionar a alguien por delito terrorista. El artículo 4 de la ley antirerroista además permite la rebaja de penas que, en el caso de que alguien colabore, vamos a tener penas bastante similares a las que establece el Código Penal".

Asimismo aseveró que "la decisión del Gobierno es de eficacia jurídica, penal, porque lo que queremos es que las personas sean sancionadas y que la evidencia cumpla el estándar para permitir que finalmente sean condenadas".

"Las condenas tipificadas en el Código penal son suficientemente altas para desbaratar y sancionar de manera justa a quiénes hoy día lamentablemente cometen delitos que consideramos grave", finalizó.