La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió al informe publicado por Contraloría que reveló millonarias irregularidades en el uso de recursos públicos durante el megaincendio de la región de Valparaíso, ocurrido en febrero del 2024.
Sobre el municipio, el organismo estipuló que se "evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025. Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas".
Al respecto, la jefa comunal aseveró que muchos damnificados no tenían documentos porque se les habían quemado "y que ante la burocracia estatal, la ayuda privada llegó de inmediato para cubrir urgencias como la alimentación y el resguardo en carpas".
"Es indispensable contextualizar con mucha honestidad y responsabilidad la magnitud de lo que ocurrió en la ciudad de Viña del Mar: aquí hubo más de 5 mil viviendas afectadas, más de 6 mil familias damnificadas por el incendio y se quemó cerca del 30% total de la comuna. Esas proporciones son históricas no solamente para Viña del Mar sino para todo el país", acotó el municipio de Viña del Mar.
En esa línea, argumentó que "en la primeras horas, días y semanas, la gente no tenía nada: ni sus casas, ni sus documentos; no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carné de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”.
Por ello, Ripamonti enfatizó que, en la mayoría de los casos, como indica el informe de Contraloría, "existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional, exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características".
"Es insostenible y nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, aun cuando todavía no tenían sus carné de identidad porque estos estaban quemados", puntualizó.
Finalmente, la jefa comunal señaló que en el documento de Contraloría existe una trazabilidad de las ayudas entregadas, sin embargo, criticó que la institucional en torno a los incendios "tiene que seguir cambiando; tiene que existir una forma de responder a esto con mucha probidad, con mucha trazabilidad pero no perdiendo de vista que cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos".
También explicó que "las donaciones se entregaron en su totalidad" y que algunas se realizaron de forma directa y otras se coordinaron posteriormente. "Una vez que las personas contaban con una solución habitacional, a solicitud de ellas mismas. En esos casos, se accedió a entregar las ayudas cuando fueron requeridas", dijo.
"En relación con las fichas FIBE, y dado que cientos de damnificados no contaban con su cédula de identidad producto del incendio, a medida que fueron obteniendo su nuevo documento, se les entregó la colaboración correspondiente (...) Finalmente, en el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos. Solo se han identificado situaciones que deben ser mejoradas y subsanadas", cerró.
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