A cinco años del asesinato de Alejandro Correa tras denunciar la toma ilegal de sus terrenos, este martes 30 de septiembre comenzó la demolición de la toma Calicheros en Quilpué.
El operativo, realizado de manera conjunta con Carabineros y efectivos municipales, considera la demolición de 140 viviendas irregulares.
Según detalló Yanino Riquelme González, delegado presidencial de la región de Valparaíso, la razón de la remoción de las viviendas está justificada en que "la zona no está autorizada para tener edificaciones" debido a un fuerte riesgo de derrumbes en la zona.
No obstante, la autoridad señaló que "hay una comunicación permanente y clara con los pobladores" y "se están dando todas las facilidades" para que las personas puedan recuperar parte de los materiales de sus viviendas.
De acuerdo con información preliminar, aún habría cerca de 50 personas en el terreno retirando sus pertenencias y desmantelando sus casas.
"Hasta el momento no hemos tenido ninguna situación violenta o agresiva por parte de las personas que están acá, sino más bien están consultando cómo va a ser el retiro de las últimas cosas que les quedan, porque además las vías están un tanto más afectadas, ya que hay muchos vehículos que están sacando los últimos enseres y desarmando sus casas", expresó la capitán de Carabineros, Javiera García.
Demolición de toma podría durar más de un día
En primera instancia, se espera que los operativos se extiendan durante toda la jornada de este 30 de septiembre hasta el miércoles 1 de octubre. Asimismo, hasta el momento hay cerca de 250 efectivos policiales trabajando en el lugar.
Sin embargo, algunos de los pobladores apuntaron a que no han tenido las facilidades suficientes para realizar el retiro de sus casas, razón por la que afirmaron que no quieren retirarse del terreno.
"Los albergues están repletos, la gente no quiere ir por tres días, eso es ridículo. ¿Dónde mete la gente sus cosas por tres días en un albergue?", expresó una de las habitantes.
Cabe recordar que el desalojo y demolición de esta toma es parte de un mandato judicial que busca devolver el territorio a la familia de Alejandro Correa, empresario asesinado en 2020 tras denunciar la apropiación de sus tierras.
