El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), liderado por Carlos Montes, defendió la expropiación de 100 hectáreas de los terrenos del Cerro Centinela de San Antonio y explicó la legalidad en que se enmarca esta medida.
Esto, luego de que diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaran un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) para que se evalúe la legalidad de la orden de expropiar parte de la megatoma.
A través de un comunicado, desde el Minvu señalaron que "reafirmamos nuestro total respeto del uso de la institucionalidad".
En este sentido, plantearon que "la potestad de expropiar se fundamenta en la necesidad de alcanzar un fin público que no puede lograrse por otros medios".
Según indicaron desde el Minvu, "el procedimiento debe estar legalmente tramitado, según lo dispuesto en el Decreto Ley (DL) N 2.186 de 1978, Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones (LPE) y la indemnización al propietario debe pagarse en efectivo y al contado".
En relación de la facultad para expropiar, la cartera liderada por Montes argumentó que "la Ley N° 16.391 de 1965 (...) y Decreto 355 otorgan al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la responsabilidad de implementar políticas y programas habitacionales para enfrentar el déficit de vivienda y promover la integración social y urbana".
"Los Serviu materializan estos planes, pudiendo adquirir, subdividir y urbanizar terrenos, y realizar funciones de radicación y erradicación de campamentos y poblaciones marginales. La expropiación de terrenos para viviendas para estos fines corresponde al Minvu, que ejecuta sus programas por medio de los Serviu y fomenta la participación de los interesados en la solución de sus problemas habitacionales, el ahorro y el crédito habitacional", agregaron.
Megatoma de San Antonio
En cuanto a la toma del Cerro Centinela, desde el Minvu puntualizaron que "representa una situación de urgente necesidad habitacional que afecta a más de once mil personas inscritas en el catastro oficial de campamentos del Minvu del año 2024".
"Serviu posee la facultad de expropiar y nuestra legislación consagra una causal de utilidad pública general para llevar a cabo programas propios del Minvu", complementaron.
En esa misma línea, manifestaron que "una expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, como lo han planteado erróneamente algunos actores, sino que, al contrario, la adquisición vía expropiación de los terrenos se realizará con la finalidad de implementar los programas habitacionales del ministerio, con un plan habitacional que pueda, además, integrar a otras familias y forma parte de las medidas para dar cumplimiento a la sentencia de los Tribunales de Justicia".
"Con dicho objeto, el Gobierno ha presentado en tiempo y forma el plan de desalojo a la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Asimismo, se ha informado a la I. Corte que se procederá a la expropiación parcial del terreno de marras", aseveraron.
Bajo este contexto, explicaron que "dentro del proceso expropiatorio, el propietario de los terrenos, y también el Serviu, si corresponde, podrán ejercer los derechos que la ley les concede. Debe recordarse que, en el marco del proceso expropiatorio, hay una comisión de expertos, la que definirá el monto de la indemnización provisional. De considerar las personas propietarias que les representa un daño patrimonial, tienen las facultades de apelar ante el Tribunal competente".
Finalmente, expusieron que entregarán sus "argumentos técnicos, sociales y jurídicos en las instancias judiciales y administrativas que se requieran, pero es necesario hacer un llamado a evitar la polarización y el escalamiento del conflicto".
"El Gobierno ha propuesto caminos institucionales para dar cumplimiento al fallo judicial y entregar una solución equilibrada a un problema complejo y multidimensional en el marco de la legalidad, y con respeto a los derechos de todos los involucrados en esta situación que es excepcional, por las características del campamento y su envergadura", cerraron.
