La Contraloría General de la República, en su división de Tarapacá, reveló graves fallas operativas en el Aeropuerto Diego Aracena de Iquique, ligados a la carencia de control de drogas.
El hallazgo más crítico del organismo fiscalizador dio cuenta de cómo más de 12 kilos de pasta base de cocaína permanecieron durante horas completamente abandonados y sin resguardo policial en la zona de revisión del terminal aéreo.
Los hechos se remontan a una fiscalización en terreno que evaluó un operativo ocurrido el 11 de octubre de 2025. Ese día, se detectaron 12,5 kilos de droga distribuidos en cinco maletas pertenecientes al vuelo LATAM LA907.
Pese a la gravedad del hallazgo, el informe de Contraloría destapó una cadena de errores insólitos: la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) instruyó a la aerolínea llamar por altoparlantes a los dueños del equipaje.
Al verse expuestos, los pasajeros simplemente abandonaron el aeropuerto, dejando las maletas sin supervisión. Debido a la total ausencia de Carabineros en el lugar, la droga quedó sin custodia policial durante aproximadamente siete horas.
Para empeorar el escenario, el Servicio Nacional de Aduanas ni siquiera registró el hallazgo en sus sistemas, rompiendo por completo la trazabilidad del procedimiento de incautación.
Fiscalizaciones mínimas, cámaras vulnerables y un "bodyscan" inoperativo
El informe de Contraloría no se limitó a este caso puntual, sino que desnudó un déficit estructural de control y fallas operativas crónicas en el recinto de la región de Tarapacá:
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Falta de personal en Aduanas: la Unidad de Drogas de la institución no cuenta con dotación suficiente para mantener controles permanentes. Durante todo el año 2025, Aduanas solo efectuó 82 inspecciones en el aeropuerto. Esto equivale a un escaso 7% de las operaciones aéreas, considerando que solo en el primer trimestre de ese año se registraron 1.204 vuelos.
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Filtros de seguridad caídos: el sistema bodyscan de la Policía de Investigaciones (PDI), ubicado estratégicamente en la zona de embarque para detectar a "burreros" o el ingreso de objetos peligrosos, se encuentra actualmente fuera de servicio.
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Vulnerabilidad informática y riesgo de filtraciones: el circuito cerrado de televisión (CCTV) administrado por la DGAC opera con una cuenta y contraseña compartidas, lo que impide saber qué funcionario manipula las cámaras. Además, el sistema carece de respaldo de grabaciones históricas, arriesgando la pérdida de evidencia. Lo más insólito es que el computador de vigilancia tiene instalada la aplicación WhatsApp, lo que abre una ventana inminente para la filtración de registros audiovisuales de seguridad.
El documento de la entidad fiscalizadora es tajante en señalar la "ausencia de mecanismos efectivos de coordinación" entre la DGAC, Aduanas, la PDI y Carabineros, sumado a la falta de presencia policial permanente, lo que deja vulnerables tanto a pasajeros como a trabajadores del aeropuerto ante situaciones de riesgo.
Las duras exigencias de Contraloría a las instituciones
Tras acreditar el desborde operativo, el organismo de control instruyó una serie de medidas perentorias e inmediatas para subsanar las fallas de seguridad pública:
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A Aduanas: Se le ordenó implementar de manera obligatoria un sistema de registro de hallazgos de droga y aumentar de forma drástica la cobertura de sus fiscalizaciones según el flujo real de vuelos.
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A la DGAC: Deberá coordinar nuevos protocolos con las aerolíneas para asegurar la comparecencia de pasajeros con equipaje sospechoso (evitando que huyan), crear credenciales individuales para el sistema de cámaras y transparentar sus planes de contingencia ante actos delictivos.
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A Carabineros: Se exigió reforzar los procedimientos para reducir al mínimo los tiempos de respuesta ante el hallazgo de sustancias ilícitas.
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A la PDI: Deberá acreditar a la brevedad la mantención, puesta en marcha y la debida autorización sanitaria del bodyscan que hoy está inactivo.
