Álvaro Bellolio, el exdirector de Migraciones del segundo Gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se encuentra en el ojo del huracán, luego de que Contraloría calificara como 'ilegal' un millonario acuerdo realizado con la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE) realizado en 2021.
De acuerdo con La Tercera, a fines de octubre de aquel año, la autoridad envió una carta al jefe de la división internacional de la OCDE, Jean-Christophe Dumont, solicitándole colaboración para los programas de migración y regularización.
En total, el otrora representante de Migraciones habría ofrecido la suma de US$30 mil, y a cambio, la OCDE hizo entrega de un informe de 19 páginas titulado "Las trayectorias de personas migrantes después del Proceso de Regularización Migratoria en Chile".
A pesar del compromiso adquirido por Bellolio, el pago no se había materializado. Desde la OCDE procedieron a cobrar a la actual administración el dinero acordado, algo que habría levantado sospechas al interior del servicio.
Por tal motivo, Luis Eduardo Thayer solicitó a la Contraloría pronunciarse al respecto, organismo desde donde señalaron que "el caso por el cual se consulta no se suscribió a un convenio con la OCDE, ni menos existe un acto administrativo que aprobara la obligación de aportar USD 30.000 a dicho organismo internacional, sino que sólo se reclama el pago en virtud de una carta firmada por la autoridad nacional anterior, sin tener las facultades legales para comprometer dicho reembolso, lo que contradice el referido principio de legalidad de gasto".
"En consecuencia, no se advierte fundamento jurídico para que el Servicio Nacional de Migraciones realice el pago de un aporte ofrecido unilateralmente por el director nacional anterior”, agrega el documento al que tuvo acceso el citado medio.
En vista de la respuesta del ente contralor, Thayer ordenó la realización de un sumario administrativo para establecer las responsabilidades administrativas del hecho en cuestión.
Por su parte, Bellolio aseguró que Contraloría resolvió sin tener todos los antecedentes a la vista. "En el caso específico del estudio con la OCDE, no hubo gasto presupuestario ya que se financió directamente con fondos de Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) por lo que tiene sentido que la Contraloría, con información incompleta, haya resuelto que el servicio no tiene que pagar con cargo a su presupuesto anual. Es el mismo mecanismo que se ocupó para la otra encuesta mencionada que fue publicada en diciembre 2022".
En tanto, desde el Servicio de Migraciones señalaron que "es gravísimo que se hayan comprometido recursos públicos sin ningún fundamento jurídico por parte de la anterior dirección" y que "es injustificado que se haya querido pagar 30 mil dólares para una consultaría externa que perfectamente podría haberla realizado el mismo Servicio Nacional de Migraciones con sus capacidades".