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Pensiones de gracia: Monsalve habla de "mortal" informe de Contraloría a gobierno de Piñera

"Sugeriría mirar bien antes de hablar de las responsabilidades de cada cual", respondió el subsecretario ante las críticas del gobierno anterior.  

24horas.cl

Lunes 29 de enero de 2024

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reveló este lunes que la Contraloría General de la República también realizó una auditoría respecto a las pensiones de gracia entregadas durante el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera. 

En esa línea, la autoridad respondió a las críticas emitidas por su antecesor en el cargo, Juan Francisco Galli, quien acusó que los beneficios entregados durante el mandato de Piñera fueron una "exigencia por parte de la izquierda".

Al respecto, Monsalve afirmó que "el informe de Contraloría que se hace mención no es el único. Contraloría también hizo una auditoría y una fiscalización a la entrega de pensiones de gracia durante todo el 2021, sería bueno que lo leyeran para que veamos en qué situación encontró este Gobierno la entrega de pensiones de gracia". 

"Si este informe fue catalogado de 'lapidario', el otro debería ser catalogado de 'mortal'. Entonces, sugeriría mirar bien antes de hablar de las responsabilidades de cada cual", arremetió. 

Asimismo, el subsecretario reiteró que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha implementado una serie de medidas para regular la entrega de pensiones de gracia.  

"Hemos dotado por primera vez al país de un manual que exige presentar los antededentes penales pervios a la entrega de las pensiones de gracia y hemos pedido la revisión de las pensiones de gracia con los extractos de filiación. Nunca, ningún gobierno había pedido la verificación de los antecedentes penales a través de la solicitud de los extractos de filiación, lo que nos ha permitido saber que son 69 personas de las 418 las que tenían antecedentes penales", sostuvo. 

Finalmente, anticipó que la Comisión Asesora entregará este lunes un informe con las 69 pensiones de gracia que fueron entregadas a personas con antecedentes penales al Presidente Boric, quien tendrá que definir cuántas son revocadas.