Por cerca de una hora estuvieron reunidos en La Moneda la ministra del Trabajo, Evelyn Mattehi, y su par (s) del Interior, Rodrigo Ubilla, para revisar el caso de los 3 mil falsos exonerados detectados por la Contraloría.
Al finalizar el encuentro, ambos dieron un punto de prensa donde anunciaron que desde mañana martes comenzará una revisión de todos los beneficiados por haber sido supuestamente despedido por razones políticas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
"Vamos a mostrar todos los antecedentes que tenemos y hemos dispuesto que a partir de mañana comienzan a revisarse todos los beneficios concedidos. Vamos a comenzar por los más recientes, pero vamos a seguir hacia atrás. Si es necesario perseguir responsabilidades penales lo haremos", enfatizó Matthei.
Respecto a los exonerados que obtuvieron beneficios durante esta administración, tal como lo señaló la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, la titular del Trabajo descartó cualquier tipo de responsabilidad y atribuyó todas las anomalías al gobierno de Michelle Bachelet.
"Este programa fue hecho para defraudar, fue diseñado para dar beneficios a gente que no lo merecía y cuando algún funcionario señalaba que no era el funcionamiento correcto, lo amenazaban y lo echaban", denunció.
Ubilla, por su parte, aclaró que los casos irregulares detectados en este mandato son "herencias de amarres, provocados en los últimos momentos de la Presidenta Bachelet para favorecer a un club privilegiado de falsos exonerados".
"Estamos frente al fraude más grande que se ha hecho en la historia de Chile", sentenció Ubilla.
Las irregularidades, acusaron las autoridades, comenzaron cuando en 2008 el director del Instituto de Normalización Previsional (INP), Rafael del Campo intentó cobrar las imposiciones no pagadas del Partido Socialista (PS), que actúa como empresa para efecto de recibir beneficios de exonerados.
Ahí, indicaron, despidieron al director por "osar" cobrar las imposiciones y la nueva autoridad en el cargo determinó que para otorgar el beneficio sólo se necesita la declaración jurada de tres personas que certifiquen que hubo un despido por razones políticas entre 1973 y 1990.
"Cuando alguien trataba de hacer bien la cosas, la jefa del programa, Marta Joignant, se encargaba de echarlo. Cuando alguien trató de hacer lo correcto y cobrar las imposiciones al Partido Socialista, como el ex director del INP Rafael del Campo, la amiga de la ex Presidenta Bachelet lo echó. Es claro que hubo una intencionalidad política de esto", aseveró Matthei.
"La nueva persona dice que lo único que se requiere son tres declaraciones juradas de personas que digan que trabajaban en empresas como el Partido Socialista y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria)", sentenció.