Ciro Colombara, abogado del gobernador de la región Metropolitana Claudio Orrego, se refirió a la solicitud de desafuero que fue presentada por parte de la Fiscalía Regional de Antofagasta en contra de la autoridad, en el contexto de la investigación por el caso ProCultura.
Cabe recordar que la medida fue presentada por el persecutor Juan Castro Bekios ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta por presuntos delitos de cohecho y fraude al fisco que habría cometido Orrego.
Consultado al respecto, el abogado encargado de la defensa del gobernador dijo a 24 Horas que "nos interesa que el caso avance lo más rápido posible y se resuelva a la brevedad, en lo que nosotros estamos tratando que es el desafuero, pero tenemos certeza que el desafuero va a ser rechazado porque carece de fundamentos fácticos y también fundamentos de carácter jurídico".
Séptimo Juzgado acepta la competencia
En esta misma línea, Colombara se refirió a la determinación del 7° Juzgado de Garantía de Santiago de aceptar la competencia de la arista penal del caso ProCultura. Con esto, el tribunal de Antofagasta dejará la investigación del caso.
"Desde que este caso parte con la solicitud de desafuero, en Antofagasta se ha estado discutiendo básicamente la competencia. Es decir, si son los tribunales de Santiago o los tribunales de Antofagasta quienes deben conocer del caso, y si es la Corte de Apelaciones de Antofagasta o la de Santiago la que debe pronunciarse sobre el desafuero", aclaró.
"Tan pronto tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación de la solicitud de desafuero que se había presentado respecto del gobernador Claudio Orrego de la región Metropolitana, analizamos los antecedentes y nos dimos cuenta que lo correcto jurídicamente hablando era que el caso se viese y se resolviese en Santiago", agregó.
"Y desde esa perspectiva nos pareció que se había cometido un error, esto lo presenta el abogado Eduardo Ríos y y fiscal regional Juan Castro de Antofagasta, nos pareció que había un error gravísimo en el sentido de recurrir a un tribunal que no era competente en razón del territorio", aseguró el abogado.
De acuerdo a lo indicado por la defensa, "es un tema muy básico y que tiene que ver con garantías procesales y dónde se lleva la investigación, y dónde se va a desarrollar eventualmente el juicio. Lo que aquí se cuestiona en esta solicitud de desafuero son contratos suscritos entre Fundación Procultura y en este caso, la Gobernación Regional Metropolitana, es decir, Santiago", reflexionó.
"¿Dónde se firmaron los documentos? En Santiago. ¿Dónde se emitieron los actos administrativos? En Santiago. ¿Dónde tiene domicilio la Fundación Procultura? En Santiago, en Las Condes específicamente. ¿Dónde está el Gobierno Regional Metropolitano? En en Santiago centro. De manera que no existe ninguna duda que la competencia es de Santiago y no es de Antofagasta", argumentó.
Posteriormente, precisó que "el caso debe ser conocido por los tribunales de Santiago. En este punto, nosotros no tenemos una explicación razonable, ni somos quienes debemos darla para que haya habido una contradicción tan flagrante dentro del mismo Ministerio Público, en que la Fiscalía de Aysén entiende correctamente que este caso debe llevarse en Santiago, mientras que los abogados Ríos y Castro de Antofagasta, de la Fiscalía de Antofagasta entienden erróneamente que debe ser llevado en Antofagasta".
Ciro Colombara apuntó que, frente a esta situación, solicitaron "que se suspendiera la audiencia de desafuero y se resolviera la competencia. Cuestión que hizo el Juzgado de Garantía de Antofagasta y resolvió que el tribunal competente era el de Santiago, y no solo eso, sino que además en algo absolutamente excepcional, condenó en costas a los solicitantes, a los abogados Ríos y Castro, en definitiva tendría que pagar el Ministerio Público, porque era absolutamente infundado lo que estaban planteando".
Por lo anterior, se presentó además un recurso de apelación, el que se declaró inadmisible. "No se permite apelar respecto de la resolución que se pronuncia sobre la competencia, y consecuencialmente nosotros lo hicimos ver al tribunal que obviamente declaró inadmisible el recurso de apelación presentado en Antofagasta porque simplemente no correspondía, y paralelamente -el día miércoles pasado- el Séptimo Guzgado de garantía de Santiago aceptó la competencia, cuestión que es bastante obvia", enfatizó el abogado a 24 Horas.
No obstante, se presentó en Antofagasta un recurso de hecho, que consiste en un "recurso excepcional cuando no se concede una apelación", el cual se está revisando actualmente.
"Nosotros entendemos que habiendo claridad absoluta en las normas, debiera resolverse nuevamente, en este caso por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en contra de lo que pretenden los abogados del Ministerio Público, porque carece absolutamente de fundamento, tal como ha carecido de fundamento la pretensión errónea de que el caso se lleve en Antofagasta y no en Santiago", dijo.
"Si uno lee la solicitud de desafuero bastante extensa, pero bastante pobre en cuanto a argumentos jurídicos y en cuanto a los razonamientos de hecho, lo que va a advertir es que lo que se pretende imputar al gobernador señor Claudio Orrego, son hechos jurídicamente irreprochables, es decir, se cumplió absolutamente desde el punto de vista del derecho administrativo con todos los pasos que debían darse respecto de una contratación de este tipo", puntualizó.
"Se quiere presentar como irregular una contratación mediante trato directo en circunstancias que esto está contemplado expresamente en la ley, y se hace todos los días en distintos lugares de Chile, en la medida en que corresponde, y en este caso en particular, correspondía una contratación en los términos administrativos que se dio", fueron parte de sus declaraciones.
