Por el delito de asociación criminal para la trata de personas con fines de explotación sexual, formalizó la fiscalía de Calama a 18 personas que fueron detenidas en allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Investigaciones (PDI) a distintos locales comerciales e inmuebles de esa ciudad y de Santiago.
Los detenidos, 6 hombres y 12 mujeres, en su mayoría extranjeros, eran parte de dos organizaciones criminales distintas que venían operando hace por lo menos un año en Calama, y por petición del Ministerio Público, quedaron todos en prisión preventiva por el plazo que dure la investigación, que fue fijado por el tribunal en 140 días.
Según expuso el fiscal Claudio Rojas Piro, conforme a investigaciones realizadas en conjunto con la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Britrap) de Iquique, se logró establecer que ambas organizaciones operaban independientemente una de la otra, pero tenían un funcionamiento similar, consistente en captar mujeres en situación de vulnerabilidad en el extranjero, principalmente en Venezuela y Colombia, para luego trasladarlas irregularmente a Calama, donde las obligaban a prestar servicios sexuales con la finalidad de pagar las sumas de dinero que eran gastadas en su traslado.
“A las víctimas se les prohibía abandonar los inmuebles de la organización, en tanto no pagaran completamente las deudas contraídas y, en el evento de incumplir este reglamento, se les aplicaban “multas” en dinero, extendiendo de esa forma su estadía forzada en los locales que manejaban ambas estructuras criminales”, relató el fiscal.
Cada una de las organizaciones desarticuladas estaba compuesta por, al menos, 9 personas, quienes cumplían distintos roles jerarquizados (lideres, administradores, recaudadores y otros) y en conjunto administraban 6 inmuebles dedicados exclusivamente al comercio sexual en Calama.
Según se pudo establecer, ambas organizaciones manejaban cuentas bancarias en distintas instituciones, las cuales utilizaban para administrar los recursos captados a través de la actividad ilegal y realizar inversiones que permitieran disimular su origen, utilizando, inclusive, plataformas de criptomonedas con tal objeto.