Tras seis años de tramitación, esta semana el Congreso finalmente despachó la legislación que reforma el Sistema Notarial y Registral, incluyendo importantes modificaciones como el fin a los cargos vitalicios de notarios y el establecimiento de precios máximos fijos.
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La normativa –que busca tener un foco en la transparencia y fiscalización– se enmarca en la actualización del sistema en sus aspectos orgánicos y funcionales, con el último fin de modernizar el Estado.
Ahora, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente.
Fin a los cargos vitalicios y cambios en los nombramientos
Uno de los principales cambios que introduce la reciente reforma es establecer un límite de edad de 75 años para ejercer el cargo de notario.
Además, prohíbe que familiares de determinadas autoridades –como senadores, diputados, ministros de Estado, subsecretarios o miembro del Poder Judicial– puedan ser incluidos en las nóminas de selección y/o nombramientos.
En esta línea, se determina que deberán hacerse concursos públicos para nombrar a notarios, conservadores y archiveros, a través del Sistema de Alta Dirección Pública.
Fijación de precios máximos
La reforma también busca transparentar las tarifas a través del establecimiento de máximos fijos de precios de servicios prestados por las notarías.
Esta fijación se realizará a través de un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía.
Cambios para mejorar atención al público
La ley incluye la modernización y digitalización del servicio, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos, canales de reclamos y mejoras en infraestructura.
Asimismo, entre las modificaciones están las de mejorar la atención al público en las notarías con horarios obligatorios de funcionamiento y requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico.
Por otro lado, se definió que la fiscalización ya no será realizada por ministros de las Cortes de Apelaciones, sino que por los fiscales judiciales de las Cortes y también el Servicio Nacional del Consumidor en aquellos aspectos que tienen que ver con la prestación del servicio.
