En pleno corazón del Barrio Meiggs, en el mismo paño devastado por el incendio de octubre de 2024, una organización ligada a empresarios chinos planea levantar un centro cultural de alto estándar, por cuyo terreno pagaron -en abril pasado- 522.580 UF, unos $20.300 millones.
O dicho de otra forma, 21 millones de dólares.
Sin embargo, entre las costuras del negocio se traslucen numerosos problemas: partiendo por los antiguos locatarios, que tienen tomado el predio; además de investigaciones del Ministerio Público relacionadas a la mafia china donde figuran algunos de los aportantes que están detrás del proyecto.
En dichos expedientes se investigan vínculos criminales de varios de ellos, erigidos como prominentes comerciantes y que en ocasiones actúan como emisarios de la Embajada de China en Chile ante el gobierno e incluso -en no pocas oportunidades- acuden a reuniones de lobby de la mano de autoridades de todo el espectro político.
Detrás de esta iniciativa inmobiliaria está la Corporación para el Desarrollo de la Cultura China en Chile (CDCCCh), una entidad sin fines de lucro creada en 2019 por tres ciudadanos del gigante asiático avecindados en Chile.
Según los registros a los que accedió Informe Especial, la CDCCCh fue inscrita por el empresario Zhengbo Xu, que en este lado del mundo se presenta como “Luis” y ejerce de presidente de la entidad. Es secundado por Chen Chen (“Patricio”) como secretario; y también con Jianfeng Xu en calidad de tesorero.
De acuerdo con el acta de constitución, la corporación fue creada para promover el intercambio cultural entre Chile y China, como también el deportivo, tecnológico y comercial, dentro de un amplio catálogo de actividades posibles de llevar a cabo.
Con la compra del predio de 5.686 metros cuadrados, ubicado entre San Alfonso, Grajales y Bascuñán Guerrero, la organización dio un paso adelante para consolidar su proyecto estrella: el “Chinatown Chile”.
El líder del proyecto concedió una entrevista mediante videollamada desde su oficina. Pero Zhengbo Xu mantuvo la cámara apagada y, en un español aparentemente rudimentario, comentó el proyecto.
—¿Qué se va a construir ahí?
—Una galería, el paseo cultural de China —respondió rápidamente.
Para él, como principal impulsor y financista, la megaobra es un sueño. Tal como muestra el video, también incluirá espacios comerciales.
—La idea de este paseo es para fines culturales, y la inversión será restituida (a los aportantes) a través de la entrega de uno de estos locales a cada inversionista, porque hoy en día el costo del arriendo es muy caro en este sector —detalló por escrito más tarde, a raíz de las dificultades idiomáticas durante la conversación telemática con Informe Especial—.
Hasta ahí, más allá de la exorbitante inversión, todo pareciera ir sobre ruedas.
No obstante, una exhaustiva revisión de Informe Especial a investigaciones del Ministerio Público permitió atar cabos y seguir la hebra del crimen organizado del gigante asiático en Chile, que se funde en una pila de causas relacionadas con graves delitos nacionales y transnacionales.
En ellas asoman algunos hombres de negocios chinos con diversos antecedentes policiales, indagados en diferentes causas e incluso condenados en otras; además de cientos de sociedades en las que se entrelazan nombres y direcciones que se repiten y oficinas en el sector oriente de la capital usadas como fachada para traer asiáticos -y sobre todo asiáticas- a Chile.
Esta pléyade de conexiones también deja entrever una nueva asociatividad criminal con peruanos, colombianos y venezolanos que conforman una nueva forma de operar. Aquí confluyen narcos y lavadores; traficantes de armas y de personas; ilícitos transnacionales, tragamonedas clandestinos, un documento impreso en Buenos Aires; una subametralladora con el logo de una policía extranjera, un traductor bien conectado y un ex prefecto general de la PDI. Todos a la sombra del dragón.
A precio de Vitacura
La propiedad siniestrada en Meiggs fue adquirida a una tradicional familia judía, a cambio de la millonaria suma, en una transacción ejecutada el 21 de abril de 2025 en la notaría Ricardo San Martín, con un vale vista de un reconocido banco nacional.
El documento está firmado por Zhengbo Xu y Chen Chen, mas no el secretario, Jiangfeng Xu, quien se retiró de la corporación cultural.
Ambas partes, compradores y vendedores, coincidieron en que un importante estudio de abogados de la plaza para que -en la medida de ser necesario- corrigiera cualquier problema.
En primera instancia el negocio enfrentó trabas, porque a la corporación china le tomó tiempo conseguir el dinero para la inversión, según indicaron a IE fuentes que conocieron de las tratativas.
De hecho, ante la tardanza y para evitar deshacer la promesa de compra, los inversionistas entregaron un primer vale vista por poco más de $4 mil millones a fines de 2024.
En medio de esas gestiones, de acuerdo con versiones recogidas para este reportaje, otra organización china incluso ofreció más dinero a la familia hebrea dueña del terreno, lo que finalmente no prosperó.
Al margen, el asunto ha sido foco de conflicto. Los terrenos arrasados por el incendio han incubado una polémica con los locatarios del otrora paseo San Alfonso, quienes han impulsado acciones legales en contra de los compradores chinos, que -por el momento- parecen lejos de terminar.
Por su parte, la Corporación arremetió la semana pasada con una querella por usurpación contra quienes hasta la fecha se niegan a salir del predio.
Lo llamativo, de acuerdo a varios abogados consultados por IE, es que la CDCCCh fue creada como una entidad “sin fines de lucro”, lo que implica que puede acceder a importantes exenciones tributarias.
Por esta razón, conocedores del tema argumentan que la construcción de un mall se aparta claramente de los estatutos de una corporación cuya finalidad no es económica.
De esta forma, advierten, podrían existir incluso posibles delitos impositivos.
Como sea, la bullada transacción fue un golpe al mercado inmobiliario de la zona. Prácticamente pagaron el triple del avalúo fiscal del terreno, que alcanza los $7.500 millones.
En definitiva, cancelaron 92UF el metro cuadrado (unos $3,5 millones), un valor más propio de Vitacura -y del sector oriente en general- que de la comuna de Santiago Centro.
Un informe de tasación obtenido por IE mediante HousePricing, una herramienta que ayuda a estimar el valor comercial de una propiedad, determinó que el precio recomendable de dicho predio era de 34UF el metro cuadrado ($1,3 millones), menos de la mitad.
Asimismo, tomando en cuenta las compraventas de similares características registradas en el área ante el Conservador de Bienes Raíces, el mencionado reporte revela que el promedio llegaba a 57UF en la zona, lo que actualmente escaló hasta 75UF sólo gracias a la adquisición protagonizada por los empresarios chinos.
Consultado por la millonaria compra del terreno en Meiggs, el propio Zhengbo Xu facilitó a Informe Especial un listado con las empresas que aportaron al fondo de inversiones que permitió adquirir el predio.
—¿Quiénes son los socios principales, los más importantes?
—La empresa mía, Inmobiliaria Parma —respondió Xu ante las consultas de IE.
Al revisar el listado de empresas y sus principales socios, la mayoría de las mencionadas efectivamente están ligadas a Zhengbo Xu y/o a su domicilio principal: San Alfonso 299. Allí está emplazado su centro comercial, el Mall Parma, prácticamente frente al terreno comprado para la galería y a sólo unos metros del famoso pórtico del Barrio Chino inaugurado a mediados de 2024, que contó con la presencia de autoridades municipales que posaron para la foto de rigor.
Pero Informe Especial detectó que de varias de las compañías aportantes -no todas- surgen nombres y direcciones ligadas a investigaciones de la fiscalía sobre el crimen organizado chino y a imputados en la causa Bang de Fujian, la mafia más prominente de ese país detectada en Chile por primera vez en 2020.
Incluso, algunos de estos empresarios del gigante asiático han sido sujetos de interés para el Ministerio Público.
Artesanos 681
En el número 12 del listado aparece Fortuna Limitada, que coincide con una sociedad que tiene entre sus socios a Chunqin Gao, esposa de Caixin Yu, uno de los comerciantes acusados de financiar la producción de marihuana de la Bang de Fujian en suelo nacional. Entre los detenidos fue uno de los que más acaparó titulares en su momento, pues funge como presidente de la Asociación Gremial de Empresarios Chinos Araucanía.
Si bien tras el juicio él terminó absuelto, a quien sí fue posible achacarle responsabilidad fue a Min Chen; ahijado de Caixin Yu y “pariente lejano” de su señora Chunqin Gao, según determinó la investigación.
Varios testimonios en el juicio relataron que Min Chen fue acogido en Chile como fruto de un acuerdo familiar, en el que su madre desde China habría aportado $30 millones a Caixin Yu para que lo hiciera parte del negocio en su restaurante en Temuco. Así, mediante la sociedad Magic Fortune Limitada fue que se hizo con el 15% de la propiedad, en la que Caixin Yu (45%) inicialmente sólo estaba junto a Yinle Wang (40%), un amigo que conoció cuando llegó a Chile.
Incluso, los testigos dijeron que la relación de Min Chen con su esposa también surgió de un matrimonio arreglado por parientes en su país y los peritajes acreditaron que él “bordeaba el retraso mental”.
Pese a esto último, la indagatoria demostró que cuando recibía su 15% de ganancias usaba directamente esos cheques para la compra de semillas y el cultivo de marihuana. Por su condición, Min Chen logró la atenuante de la “imputabilidad disminuida” y finalmente recibió una condena de cuatro años de libertad vigilada intensiva y una multa en cuotas por el delito de tráfico de drogas.
Su socio Yinle Wang, en tanto, nunca fue imputado en la causa, pero declaró voluntariamente a favor de Caixin Yu, el principal dueño de Magic Fortune, presidente de los empresarios chinos en La Araucanía.
En esa línea, Wang se desmarcó del entramado diciendo que él tiene restaurantes en Santiago y con su familia en Viña del Mar, por lo que dejaba que Caixin Yu manejara el local de Temuco en el día a día. Por eso, aseguró que siempre buscó salir de la sociedad Magic Fortune, porque le quedaba muy lejos de su casa, algo que finalmente ocurrió a fines de 2023, después que estalló el escándalo del cultivo de marihuana.
Ambos terminaron vendiendo, pero todo quedó en familia: Caixin Yu, el reconocido empresario de Temuco, le cedió la sociedad a su esposa Chunqin Gao; y Yinle Wang traspasó su parte a Xiaohong Weng, a quien identificó como una inversionista amiga, que para la compra fijó domicilio junto a Caixin Yu en La Araucanía.
Aunque la indagatoria no siguió esa hebra, lo más llamativo de la declaración de Yinle Wang como testigo vino después. En el juicio oral, desarrollado entre abril y junio de este 2025, admitió que su restaurante en Santiago estaba en el tercer piso de Artesanos 681, Recoleta, en un edificio de tres pisos donde funciona un mall chino, ubicado a pasos de la Vega Central. Incluso reconoció que vive ahí cuando se le hace tarde. En ese lugar, en una puerta contigua, la PDI allanó el centro de operaciones de la Bang de Fujian: un KTV.
En simple, es un espacio de karaoke bar, habitual entre los asiáticos, pero donde generalmente también pueden acceder a masajes, drogas y prostitutas. El seguimiento policial estableció que era allí donde se reunían y coordinaban el manejo de los cultivos de marihuana. Eso sí, Yinle Wang se desmarcó de ese recinto y aseguró que no era dueño del KTV y que en aquellos tiempos él estaba en China.
El vecindario del crimen
Según la revisión de Informe Especial, otra de las empresas aportantes del listado registra dirección en Toesca 2553, en el piso 8.
Casualmente, en ese mismo nivel registra uno de sus tantos domicilios un empresario señalado como jefe del crimen organizado chino, según figura en el expediente de “La mafia del dragón”, cuyo caso reveló IE en septiembre pasado.
Dos pisos más abajo, en tanto, está el domicilio de Pingyingdi Weng, otro sujeto condenado en 2021 por facilitación de la prostitución internacional.
Según consta en la sentencia, Pingyingdi Weng al menos desde septiembre de 2019 promovió el ingreso al país de mujeres chinas para ejercer la prostitución: las trasladaba desde el gigante asiático hasta Bolivia para luego hacerlas entrar a Chile por un paso no autorizado.
Una vez en Santiago, Pingyingdi Weng las recibía en el aeropuerto y las alojaba en un hotel. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, después de unas semanas las trasladaba a un inmueble ubicado en Abdón Cifuentes con Salvador Sanfuentes, que arrendó supuestamente para instalar un restaurante, pero que en realidad acondicionó con dormitorios y un salón en la entrada para que ejercieran el comercio sexual.
No obstante, para Weng todo cambió el 13 de junio de 2020, cuando la policía entró al lugar con una orden judicial y encontró allí al imputado junto a un grupo de víctimas indocumentadas. Acto seguido, también registraron el departamento de Pingyingdi Weng en Toesca 2553, donde encontraron los pasaportes de las mujeres: cinco de ellas tenían su último timbre en Bolivia y no registraban ingreso formal a Chile.
Concluido el proceso judicial acabó condenado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva y una multa de 10 UTM.
San Alfonso 299
Con todo, el nexo más robusto entre un comerciante vinculado al crimen organizado —según consta en indagatorias policiales— y el impulsor del megaproyecto en Meiggs estaba en la última empresa aportante de la lista: Prorevest SpA, una sociedad domiciliada en San Pablo 2999, en Quinta Normal, que entre sus socios tiene a Haiwei Xu.
Zhengbo Xu, el empresario ancla del proyecto, dice que no lo conoce. Pero lo cierto es que invirtió mediante su negocio en el proyecto y ambos incluso tienen sociedades en el mismo domicilio: San Alfonso 299.
Además, los dos comparten la mesa directiva de la Asociación de Qingtian en Lishui-Chile, una de las más importantes de la diáspora china en el país: Zhengbo la preside y Haiwei es uno de los vicepresidentes ejecutivos.
En diciembre de 2024, cuando fueron reelegidos en sus cargos, el hito fue destacado en el portal Noticias Chile-China, que precisamente es propiedad de Zhengbo Xu y se autodefine como “el medio de comunicación en chino más influyente de Chile y un importante socio de cooperación en el país de Xinhua News Agency”, la agencia estatal de noticias del gigante asiático.
Irónicamente, en la propia publicación enfatizaron que entre sus principales desafíos al mando de la asociación estaría “el combate a la industria ilegal de tragamonedas y la integración de inmigrantes en condiciones legales”.
De hecho, pese a su rol de empresario de alto perfil —en pandemia, por ejemplo, donó mascarillas en Antofagasta a nombre de la Embajada de China en Chile—, Haiwei Xu cuenta con un nutrido historial policial.
Avecindado en Chile desde 2011 y radicado en La Calera, en su expediente luce al menos 20 episodios como imputado, incluyendo estafas, falsificación o uso malicioso de instrumento privado, delitos contra la propiedad industrial, intelectual, rotura de sellos e incluso secuestro.
Según consta en publicaciones de prensa, a fines de 2022, en Los Andes, la autoridad le clausuró a Huawei Xu un local ilegal de máquinas tragamonedas en calle Maipú. Pero el asunto escaló a secuestro cuatro días después, cuando vecinos alertaron a Carabineros que un trabajador estaba gritando desde el interior. Fue en ese momento que descubrieron la existencia de un cuarto secreto que sólo podía abrirse desde el interior del local, cuyo acceso estaba escondido detrás una máquina tragamonedas. La fiscalía lo formalizó y, por su parte, el empresario responsabilizó a los fiscalizadores por no percatarse de su presencia desde el primer momento.
De dichas causas, al menos las que están con acceso público en el sistema judicial, en ninguna fue llevado a juicio. En uno de los casos por rotura de sellos en Los Andes, la fiscalía decidió no perseverar; en una infracción a la Ley de Aduanas en Valparaíso, el Ministerio Público no inició investigación debido al bajo monto detectado; en una querella aduanera zafó mediante un acuerdo reparatorio pagando $500 mil; y en un caso de soborno y cohecho en Chañaral todo quedó en una suspensión condicional del procedimiento y una donación de $1,5 millones para Bomberos.
Desde prostitución a útiles escolares
Al margen de los tres imputados ya formalizados en la indagatoria de “La mafia del dragón”, revelada por Informe Especial en septiembre pasado, la principal denunciante del caso apuntó a dos empresarios chinos como los “jefes”. Uno de ellos precisamente fue identificado por la PDI como Haiwei Xu.
Pese a que él y otro comerciante fueron perfilados como sujetos de interés, la investigación no siguió ese hilo para llegar a imputarlos en tribunales.
Todo partió por una víctima que en medio de la noche huyó del departamento donde estaba cautiva en calle Rosas, en Santiago Centro. Tomó un bus Red hasta Independencia e irrumpió en pijama en un local de comida rápida. Desesperada, comenzó a vociferar en chino. No hablaba español ni inglés, pero los trabajadores lograron comunicarse con ella mediante una app que les permitió traducir lo que decía. Acto seguido llegó la Brigada de Trata de Personas (Bitrap) de la PDI y se inició la investigación.
Ahí fue cuando empezó a contar lo que sabía: nombres, direcciones, actividades criminales. Todo. Prácticamente cada cosa que relató la policía lo corroboró en terreno. Así fue cayendo parte de la estructura delictiva. Primero llegaron a un KTV y casino tragamonedas ubicado en Alameda 4182, en Estación Central, llamado Súper Ganador. Allí encontraron al hombre que la tenía cautiva, Lin Ping, con quien en principio mantenía una relación consensuada, pero del cual decidió huir luego que éste amenazara con venderla.
Allí también fueron capturados dos imputados más. Otro chino y un venezolano. La policía irrumpió en sus domicilios y encontró armas, drogas y una serie de cuadernos con contabilidad en chino. Junto a lo anterior, fueron descubiertas una subametralladora con el símbolo de la policía argentina y una licencia de conducir emitida en Buenos Aires.
Además de los “líderes”, la mujer aportó registros de su teléfono relativos a tráfico de ciudadanas chinas y vietnamitas que eran parte, según la indagatoria, de un elaborado esquema de explotación sexual. Por ejemplo, compartió un afiche relativo a otro karaoke, el “Xinhua KTV”, ubicado en Abate Molina 218.
Según la denunciante, al alero de ese recinto se ofrecían prostitutas y drogas; todo gracias a su captor, que habría traído desde China a una mujer de nombre Cai Ling Ling para administrar el negocio.
Rápidamente la indagatoria del Ministerio Público determinó que la dueña de dicha propiedad era la empresaria Jin Li. Precisamente ella constituyó varias sociedades con domicilio en esa dirección, en cuya fachada había un restaurante chino llamado “Sabor Leyenda”. Pero sus otros negocios en realidad estaban lejos de la gastronomía y la “entretención” de los KTV; por ejemplo, creó Cutralco Producciones, una empresa dedicada a la venta de fuegos artificiales para eventos de Año Nuevo.
Según consta en el registro de Mercado Público, la plataforma de licitaciones del Estado, por años la firma prestó servicios a una serie de municipios en todo el país.
De hecho, Cutralco trabajó de la mano con la corporación de Zhengbo Xu cuando se acercaron a distintas autoridades para impulsar los “inflaagua”, parques acuáticos de juegos inflables en la Red de Parques Urbanos. Así consta en los registros de lobby, principalmente ante el Parquemet. En una de las instancias incluso acudieron acompañados del hoy alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN).
Zhengbo Xu, en entrevista con IE, lo destaca como parte del aporte que han hecho a la comunidad, pero -pese a los registros- niega estar vinculado a Jin Li, quien aparece como la dueña de la propiedad donde se ubicaba el KTV.
—Entiendo que Cutralco Producciones es una empresa que postula algunos proyectos de educación, pero nunca me he reunido con ellos ni he realizado ningún negocio —dijo Zhengbo Xu para intentar desmarcarse.
—¿Conocía usted esta situación? ¿Sabía que Jin Li era dueña de ese KTV?
—No tengo conocimiento de esta situación que usted menciona del Ministerio Público, ni nunca he asistido a ese lugar —aseguró.
Fuera de los fuegos artificiales y los inflaagua, el último contrato que registró Cutralco en el sistema público fue particularmente llamativo: la empresa, pese a contar con nula experiencia previa en el área, en pandemia se adjudicó un abultado trato directo por $9.300 millones con Junaeb, por ese entonces al mando de Jaime Tohá (PS), para ejecutar la compra y distribución del Programa de Útiles Escolares de 2021.
Jin Li, consultada para este reportaje, en principio respondió los llamados. Pero posteriormente dejó de contestar, pese a la insistencia mediante mail y WhatsApp.
Las vietnamitas
La denunciante, adicionalmente, aportó otra dirección clave: Conferencia 186, piso 8, en pleno Barrio Meiggs. Según dijo, allí se encontraban o al menos en algún minuto estuvieron alojandose víctimas de trata de personas de nacionalidad vietnamita.
Todas vinculadas a su captor, Lin Ping. Todas, de acuerdo a su testimonio, trabajaban para él ejerciendo el comercio sexual.
En las pericias al teléfono del imputado, de hecho, los investigadores hallaron precisamente mensajes, pasaportes y documentos de viaje de ciudadanas vietnamitas.
Todas con destino a Chile.
Los registros obtenidos permitieron a la PDI identificar al menos a tres mujeres de esa nación. Todas llegaron al país en marzo 2024: una el miércoles 6, otra el martes 12 y la última el lunes 25.
Siguiendo el hilo, detectaron que la primera de ellas registraba su domicilio en Avenida Vitacura 2736, piso 6, en la “Torre de Vitacura”, en el corazón del Sanhattan. Luego de visitar el lugar, establecieron que allí funcionan dos empresas que mayoritariamente tienen trabajadores chinos en sus filas.
Una de ellas es Asiameric, firma de asesoría aduanera, importación y exportación de productos.
Precisamente fue un trabajador de esa compañía el que solicitó la visa de turismo para la vietnamita ante el Consulado de Chile en ese país. Mediante una carta, cuyo archivo fue encontrado en el celular de Lin Ping (imputado por trata de personas, facilitación de la prostitución internacional, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas), pidió que le otorgaran el permiso a su “amiga”, ya que estaba “interesada mucho en la cultura de Chile, quiere conocer la Plaza de Armas, Santiago, Isla de Pascua, etc. Solamente se quedará por 90 días en Chile”.
De paso, destacó que él ya tenía más de cuatro años en Chile y contaba con residencia definitiva. “Tengo una buena estabilidad económica y estoy dispuesto a pagar todos los gastos del viaje para ella, tanto en pasaje de ida y vuelta, seguro de salud, alimentos y alojamiento”, señaló en el requerimiento, firmado ante notario en enero de 2024.
Detrás de Asiameric, en tanto, figuran dos ciudadanos chinos como propietarios: Wei Wang y Ling Zhang.
Sobre el departamento de Conferencia 186, donde estarían las vietnamitas, la investigación no logró dilucidar con exactitud la vivienda en cuestión.
Sin embargo, en el piso 8 hay un inquilino de alto perfil: Zhengbo Xu, el líder del megaproyecto “Chinatown Chile”.
—Efectivamente resido en ese lugar —reconoció a Informe Especial—. Sin embargo, mi propiedad nunca ha estado involucrada en alguna de estas situaciones, pero hemos tenido conocimiento (como toda la comunidad) de hechos que han afectado a algunos paisanos.
De acuerdo con la investigación, también tiene otro departamento en el piso 7, a nombre de su empresa Inversiones Parma.
Según pudo corroborar Informe Especial, en el enigmático piso 8 también registra domicilio Haifeng Tang, otro sujeto estrechamente vinculado al crimen chino, que se hizo celebre a inicios de 2025 por disparar una subametralladora desde el interior de un edificio en Toesca. En la contabilidad incautada a Lin Ping tras la fuga de la denunciante, las anotaciones revisadas por la PDI revelan precisamente un préstamo de Lin Ping a Haifeng Tang.
En el mismo edificio han fijado domicilio otros personajes: en el piso 5, Min Chen, el imputado con “retraso mental” condenado por tráfico de drogas en el juicio de Bang de Fujian; en el piso 15, un comerciante que es estrecho socio del empresario avecindado en Lo Barnechea y sindicado como jefe de la mafia china; e incluso, en el piso 9, una exsocia de Asiameric, la compañía detrás de la visa de una de las vietnamitas.
Wei Wang, uno de los dueños de Asiameric, evitó entregar mayores explicaciones cuando fue consultado para este reportaje. Escuetamente se desligó del asunto y aseguró que el trabajador de su empresa que emitió la carta en favor de la vietnamita sólo era un colaborador part time. Comprometió entregar el contacto de este último, pero hasta el cierre de este artículo aquello no se concretó.
El traductor confuso
En la causa de Lin Ping, que abrió la caja de pandora, quien ofició de traductor para la PDI fue también una figura reconocida entre los empresarios asiáticos: Hexing Wang. En su calidad de director del Centro de Asistencia China en Chile, fue el que interpretó el primer testimonio de la denunciante.
Con él como puente, en la carpeta investigativa figuran al menos dos episodios contradictorios: primero, cuando declara la víctima, la traducción dice inicialmente que viajó a Chile acompañada por el mismísimo “jefe” de Lin Ping; es decir, el hombre que en la jerarquía de la organización criminal estaría por sobre su captor. Y en el párrafo siguiente se corrigió, diciendo que en realidad voló acompañada de un connacional y que en realidad nunca conoció al “jefe”.
Y segundo, en un informe —encargado por la PDI también a Hexing Wang— figuran unos chats en chino, pero que ya venían con una traducción preliminar al inglés. Cuando el intérprete convirtió las conversaciones al español, los textos no calzaban con la versión anglosajona. Por ejemplo, mientras en inglés decía: “Also, all the girls who come next can be erotic”; para Hexing Wang la traducción chino-español simplemente era: “Además, todas las chicas que vendrán después podrán prestar servicios de fisioterapia”.
Wang, consultado para este reportaje, declinó entregar una versión, pues dijo que no podía hablar porque "trabajaba para la fiscalía".
El aludido no es una figura cualquiera. Además de director del Centro de Asistencia China en Chile, también es presidente de la Asociación Gremial de Empresarios Chinos en Chile (Empach), una de las agrupaciones más antiguas de comerciantes asiáticos en suelo nacional.
Wang también mantiene una sociedad con el exprefecto general de la PDI Alfredo Chiang Chau, cuyos apellidos son de origen chino, y quien durante su mando mantuvo estrechas relaciones con la embajada asiática y la comunidad residente.
El pacto comercial fue inscrito en 2018 como Instituto Chileno Chino de Inversión y Negocios SpA, junto a otros socios.
De forma coincidente, en la causa por trata, armas y drogas donde acabó imputado Lin Ping, la policía civil descubrió que 11 funcionarios de sus filas prestaban seguridad a comercios ilegales chinos en distintas comunas de Santiago, quienes a la fecha se encuentran suspendidos y enfrentan un sumario administrativo, tal como lo reveló IE.
Wang también es una figura cercana a Zhengbo Xu, el impulsor del megaproyecto en Meiggs. En la Asociación de Qingtian, que este último preside, el traductor-empresario figura como “asesor general”.
Más aún, Zhengbo Xu, en su medio de comunicación lo destacó como una figura relevante para él: ahí dice que Hexing Wang le brindó “una valiosa experiencia práctica” y desde que él se unió a la Empach en 2009 “aprendió cómo servir a los compatriotas y guiarlos en el camino del emprendimiento legítimo”.
Zhengbo Xu y Hexing Wang, de hecho, en ocasiones han actuado en conjunto ante las autoridades.
En definitiva, cuando el maridaje es perfecto, todo parece estar conectado con todo.