Las autoridades de Brasil han suspendido la moratoria de soya, uno de los acuerdos más importantes en la protección del Amazonas. La medida, anunciada a menos de tres meses de la COP30 en Belém, encendió alarmas en organizaciones ambientales, que advierten que millones de hectáreas, un área del tamaño de Portugal; podrían quedar expuestas a la deforestación.
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Un acuerdo clave en riesgo
La moratoria de soya se implementó en 2006 como un acuerdo voluntario entre agricultores, ambientalistas y grandes compañías internacionales como Cargill y McDonald’s. Su objetivo fue impedir que soya producida en áreas deforestadas después de 2008 entrara a las cadenas de suministro.
En casi dos décadas, la iniciativa ha sido considerada un caso de éxito global, evitando cerca de 17.000 km² de deforestación, mientras la producción de soya se expandía sin destruir selva amazónica. También fortaleció la reputación de marcas internacionales al garantizar cadenas más limpias.
La decisión de Cade y la presión política
El anuncio provino del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), que ordenó a empresas como Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y Cofco suspender la moratoria bajo amenaza de sanciones financieras. Según Alexandre Barreto de Souza, superintendente del organismo, se abrió una investigación por supuesta “información comercial sensible” compartida entre compañías.
Organizaciones como Greenpeace Brasil calificaron la medida como un “grave error”, resultado de la presión de sectores “regresivos del agronegocio” que buscan debilitar la protección forestal.
“Sin la moratoria de soya, una de las iniciativas más efectivas del mundo, será imposible que Brasil cumpla sus metas climáticas”, advirtió Cristiane Mazzetti, de Greenpeace.
Impacto político y ambiental
La decisión ocurre justo cuando el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se preparaba para mostrar avances en la reducción de la deforestación durante la primera cumbre climática organizada en la Amazonía. Sin embargo, en el Congreso brasileño, la bancada del agronegocio ha impulsado leyes que debilitan la protección de territorios indígenas y el sistema de licencias ambientales, lo que ambientalistas consideran el mayor retroceso en 40 años.
Desde Mato Grosso, principal estado productor de soya, gremios agrícolas como Aprosoja celebraron la suspensión, calificándola como una victoria frente a lo que describen como un acuerdo “privado e injusto” que imponía barreras comerciales. Expertos estiman que hasta 10 millones de hectáreas podrían abrirse a la producción legal de soya, multiplicando el valor de esas tierras y acelerando la presión sobre el ecosistema amazónico.
